MAGISTRADA SARA PATRICIA OREA OCHOA

 

En la actualidad los Juzgadores jugamos un papel que no es del todo digno; ilustrémoslo con el ejemplo de Mostesquieu: “Las marionetas son seres inanimados. Un ventrílocuo tras ellas, sin embargo, es capaz de hacerlas cobrar vida. La marioneta, manipulada por el ventrílocuo, es la boca que pronuncia las palabras del artista. Si tuviésemos que dividir el escenario del poder de una democracia entre marionetas y ventrílocuos, en general diríamos que las primeras son los jueces, mientras los segundos los legisladores”. Por eso, el Tratadista chileno, Domingo Lovera, afirma que en el contexto de nuestra democracia los jueces son vistos con desconfianza, esperando de ellos –precisamente porque desconfía- que apliquen, y que no traicionen las palabras de la ley. Esta cita concluye con una sentencia fatal “las palabras de la ley nacen en el legislador y las pronuncian los jueces, seres inanimados que no saben moderar ni su fuerza ni su rigor”. 

Pero ésa no es nuestra tarea como jueces, sino la búsqueda de una actuación justa, que esté basada en una teoría que proponga una interpretación racional, y que entrañe sensibilidad con firmeza. A decir de João Batista da Costa Saraiva, no somos Juzgadores “Menores” de una jurisdicción subalterna, como se pensó en la era de la Doctrina de la Situación Irregular, si hay un nuevo Derecho debe haber un nuevo Juez que dirija su función con base en un Estado de Derecho Social, Democrático y Constitucional. 

En este sentido, siguiendo a Costa Saraiva, un Juez tiene que indignarse con la injusticia, no debe dejar de conmoverse con el dolor de los justiciables pensando que con ello pierde la condición de Juez. Aquellos que se endurezcan en su función, que no tengan compasión, no servirán más para ser Juzgadores porque no podrán velar por los derechos y las necesidades de la niñez. 

[…] 

Si como juzgadores no logramos transmitir el carácter pedagógico del enjuiciamiento, -y continuo citando a Beloff- el adolescente puede formarse una idea errónea de la verdadera significación del sistema penal por violentar una norma, confundiendo la reacción y, asimilándola a un acto represivo tutelar, donde “por cometer un delito lo mandan a la escuela, es protegido”. 

Esta concepción la percibe de la misma manera la sociedad, que erróneamente ve a la justicia juvenil, como un sistema blando sin advertir que tras la cortina proteccionista se oculta el verdadero carácter inquisitivo y lesivo a los Derechos Humanos. Si mantenemos escondido el carácter proteccionista, sin dotar de elementos pedagógicos al proceso mismo, entonces no existe justificación alguna para aplicar un sistema de responsabilidad penal juvenil. 

Ahora bien, paralelo a ello, el Juez no sólo debe ser garante de la protección integral de los derechos fundamentales, como parte de un derecho penal mínimo, que Luigi Ferrajoli establece en su libro Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. También debe velar por la efectividad de los derechos que por su condición de persona en desarrollo le asisten, los cuales son reconocidos por la normativa internacional, y cobran efectiva validez con la aplicabilidad de las medidas sancionadoras, cuyo fin es eminentemente educativo, de prevención especial y que tienden al bienestar del adolescente; además de la trascendencia de las consecuencias al momento de elegir qué medida a imponer, el número de éstas, la posibilidad de aplicar varias, su duración, cómo sería su sustitución y modificación. 

 

[DIRECTUM TSJCDMX Jul – Agt 2016]

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