MAGISTRADO CARLOS VARGAS MARTÍNEZ

 

Recientemente, en el marco del debate en torno a la transformación del sistema de justicia generado en diferentes foros, se han hecho diversos esfuerzos y planteamientos por regular las profesiones y su ejercicio, ya que hoy en día quien solicita un servicio particular no tiene la garantía de que el contratante pueda recibir el servicio de un profesional o de un pseudoprofesional; este vacío da como consecuencia en muchas ocasiones altos costos que se deben pagar por el mal servicio. 

La colegiación en un marco regulatorio, sin duda, es un mecanismo que coadyuva a elevar la calidad, eficacia y eficiencia en el servicio. 

Entrando en materia, la colegiación es un tema que por años ha sido controversial y altamente discutido en diversos gremios y foros. Muchos académicos y profesionistas, que se inclinan por la colegiación, destacan que es importante e inaplazable su carácter obligatorio. El establecimiento de la colegiación, debe entenderse como distintivo y símbolo de integridad, rectitud, transparencia y honestidad. Consideran que la colegiación es la confiabilidad de la ciudadanía en los profesionistas. En el caso de la abogacía, es la confianza en la aplicación de lo que debe ser una justicia pulcra y expedita. 

Para sus detractores, la colegiación como una forma de manipulación y coacción de sus libertades, la consideran una imposición. Muchos se manifiestan en contra porque su formación es de oficio, no están titulados y reaccionan porque se ven afectados en su desempeño. Hoy por hoy, pese a esta postura, la tendencia en pro de la colegiación obligatoria se viene robusteciendo. 

La colegiación obligatoria no atenta contra la libertad de asociación, no coacciona ni limita el ámbito de competencia de un profesionista, por el contrario, lo protege tanto a él, como a quienes recurren a sus servicios; para nuestro caso un abogado. Busca garantizar una apropiada formación, y procura regular y tener un control ético de la profesión. No hay que confundir que el requisito que una profesión como la abogacía demanda para su adecuada actuación como lo es la colegiación, no es un atentado contra la libertad de asociación. La no obligatoriedad no asegura un ejercicio ético de la profesión. La colegiación obligatoria, valga la redundancia, obliga a mantener actualizado al abogado, buscando siempre el sentido del avance y el mejoramiento de las técnicas en su desempeño. 

Actualmente la colegiación obligatoria no se encuentra contemplada en la Constitución, está parcialmente regulada, ya que habla de colegiación pero no obligatoria, por lo que se han presentado algunas iniciativas de modificación constitucional que más adelante mencionaremos, a fin de plasmar esa obligatoriedad en la Carta Magna. 

En nuestro país la corriente en favor de la colegiación obligatoria crece y suma adeptos; se han logrado consensos entre diversos gremios de profesionistas, Incluso entre partidos políticos, las tres principales fuerzas políticas han coincidido en hacer un esfuerzo de manera conjunta para elaborar un documento al respecto, que dé luz verde a la reforma constitucional en comento. 

Entrando en materia, la práctica de una profesión, y en particular de la abogacía en México, es de manera maquinal, es decir, en automático. Para su ejercicio sólo se requiere de un título universitario que compruebe la terminación de estudios a nivel licenciatura. En muchos casos ejercen la profesión sin un título, porque la honestidad, la rectitud y seriedad se ven francamente  vulnerables. En el caso de los notarios forzosamente deben presentar un examen para ejercer la profesión y estar inscrito en el Colegio Nacional de Notarios. Es un gremio reconocido por la solidaridad con sus miembros. 

Cabe señalar que así como no se tiene una colegiación obligada, también se carece de un código de ética profesional de orden obligatorio y general que regule el ejercicio del Derecho. Con la conjunción de ambos aspectos se lograría una mayor confianza de los clientes hacia su abogado. Hay que aclarar que en los colegios de abogados establecidos se cuenta con un código de ética particular, que no siempre es sancionable por el carácter voluntario de pertenencia a los colegios. Lo que se corregiría con la obligatoriedad en comento. 

“No hay ningún requerimiento que haga obligatorio a los abogados la educación jurídica continua, ni a la certificación de conocimientos. Una vez obtenida la cédula profesional, no hay condición alguna para su mantenimiento por el profesionista”. De ahí la necesidad de la regulación desde la ley suprema. 

El profesionista, incluidos los abogados, debemos contar con la certeza, la seguridad, la libertad, el respeto y la independencia necesaria para ejercer la profesión. No siempre es así, se dice que hay casos en que algunos abogados son objeto de discriminación y hasta intimidación por parte de grupos selectivos de abogados que no permiten acceder a ciertos espacios: esto se observa principalmente en los estados de la República, donde los regionalismos están muy arraigados y los “bufetes de renombre” son selectivos en la integración de los colegios. 

 

[…] 

 

Actualmente, se cuenta con aproximadamente 570 colegios de abogados a nivel nacional, y entre sus objetivos está el contribuir a la protección de la función de la abogacía en el ejercicio pleno del Derecho y de la litigación. “Un abogado libre, independiente y digno es competencia de los colegios de abogados”.  Requiere del respaldo de un colegio, y que con ello se logre la defensa de los clientes. 

En ese tenor podemos subrayar que la no obligatoriedad en la colegiación hace casi imposible asegurar un ejercicio ético del profesional y una preparación adecuada y actualizada del mismo. 

 

[…] el beneficio del establecimiento de la colegiación obligatoria de los abogados será el garantizar un acceso efectivo a la justicia para los individuos y, en específico, en cuanto al trabajo que corresponde a los abogados encargados de representar a sus clientes en algún conflicto y que a su vez los abogados tengan el respeto, independencia, libertad y protección al ejercer el Derecho conforme al Estado de Derecho. 

Además, con la colegiación obligatoria se identifican mejores condiciones para el ejercicio profesional de los abogados; como profesión organizada se pueden alcanzar mayores beneficios para el gremio, ya que posiciona a la abogacía como un factor determinante en la toma de decisiones que afectan a nuestra sociedad, y así se recupere el prestigio que ha venido en detrimento por la falta de regulación y control del correcto desempeño de los profesionales del Derecho. 

Sin duda, la colegiación obligatoria no vendría a resolver todos los problemas que enfrenta la profesión jurídica, sin embargo, estamos convencidos de que es una medida que establecerá las bases para superar los principales problemas de la abogacía en México. 

Finalmente, y a manera de resumen, podemos decir que la regulación de las profesiones en general, y del ejercicio de las mismas, en particular, ha adolecido de mecanismos efectivos e instrumentos que le impriman formalidad y obligatoriedad. En ese sentido, es necesario que se haga una revisión profunda del papel que se les debe reconocer a cada una de estas profesiones y a su ejercicio, para el buen funcionamiento de las mismas, por lo que desde nuestro  punto de vista es impostergable la aplicación de la colegiación obligatoria para que de esta forma sea regulada la acción de los profesionistas, y en particular de los abogados, para que dentro del marco del Estado de Derecho haya garantía y respeto para quien ejerza la profesión y quien solicita el servicio.

[DIRECTUM TSJCDMX Jul – Agt 2016]

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