Paul Martín Barba/Juez Tercero de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México

 

port-paulSUMARIO: I.- Introducción. A. Los Códigos Penal Federal y para la Ciudad de México. B.- El Código Nacional de Procedimientos Penales (2014-2016). II.- El nuevo procedimiento penal contra personas morales. III.- Conclusiones.

 

RESUMEN.- El presente análisis pretende ofrecer los componentes jurídicos necesarios a considerar en lo relacionado con la imputación penal de personas morales, a partir del modelo de atribución penal colectivo que, a diferencia del vigente y hasta antes de junio de 2016 a nivel federal, y de diciembre de 2014 a nivel Ciudad de México, contempla un régimen de atribución penal directo en contra de las personas jurídicas o morales, empresas, y cualquier clase de Grupo Reconocido por la Ley (en adelante GRL).

I.- Introducción

a. Los Códigos Penal Federal y para la Ciudad de México.- La evolución que se ha registrado en el orden jurídico nacional, permite dar cuenta sobre el hecho de que el tema de la responsabilidad penal de los GRL, ha pretendido ser reconocido –sin estar exento de claras inconsistencias- como una cuestión enfocada a una imputación directa, fundamentalmente como una política de Estado, esto es, como una decisión de política criminal. ¿Qué es lo que nos lleva a asumir esta afirmación que puede resultar inconvencional, a la luz de la doctrina penal predominante? El Derecho Penal clásico ha sido lugar de refugio para toda clase de disertaciones enfocadas a explicar la racionalidad de la responsabilidad penal de corte individualista, y como consecuencia de ello, de la “pena”, ha sido refractario de las "nuevas" formas de manifestación de los delitos. Esto ha originado, que al menos desde la familia jurídica románica y hasta hace apenas unas cuantas semanas, la Teoría del Delito haya colocado el tema del delito empresarial, económico y/o colectivo, en el cajón del olvido.

No obstante, de acuerdo con los registros de los últimos años, podemos decir que la cuestión referida a la necesidad de atribuir responsabilidad penal a los GRL, nos obliga a replantear la posición desde una perspectiva más definida. El artículo 27 del Código Penal para el Distrito Federal (2002), las leyes en materia de extinción de dominio (2007), las relacionadas al lavado de dinero (2012), y la aparentemente inesperada regulación que contempla el reciente Código Nacional de Procedimientos Penales (2013), nos conducen a cuestionar la prevalencia del apotegma societas delinquiere non potest de viejo cuño en nuestro país.

A ello debemos agregar los criterios emitidos por el ' Poder Judicial Federal relacionados a la materia fiscal, los preceptos contenidos en diversas leyes -muchas de las cuales consideradas "especiales" para el Derecho Penal, por la incorporación de tipos penales- así como las reciente promulgación de leyes en materia de competencia económica y telecomunicaciones, que sin más, admiten el relevo de este aforismo, en favor de un modelo directo de reproche colectivo.

No obstante, la puntilla que a nuestro juicio violentó en definitiva la pax dogmática, es la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014 al Código Penal para el entonces Distrito Federal[1] (ahora CPCDMX), la cual involucra al propio artículo 27, que expresamente señalaba que sólo las personas físicas podían ser declaradas penalmente responsables, así como una adición de los artículos 27 Bis a 27 Quintus, junto con la modificación de dispositivos que se encuentran relacionados, como son el 32 (“consecuencias jurídicas accesorias”), 68 (alcances y duración de las consecuencias para las personas morales) y 69 (relaciones jurídicas preexistentes), de modo tal que el legislador lo que pretendió fue generar una reforma, de alguna manera integral.

Esta reforma –que inclusive ya ha sido llevada a la práctica- fue el catalizador para impulsar otra, que evidentemente habrá de tener mayores dimensiones, pues se trata, ni más ni menos, de la que corresponde al Código Penal Federal (CPF).

El conjunto de ambas reformas que involucran de forma concreta el tema de la responsabilidad penal colectiva, nos parece que en realidad implica un gran modelo que busca implantar el nuevo paradigma a seguir en este tema, pues viene a abolir el aparentemente insuperable tema de la imputación penal empresarial, a fin de establecer justamente una responsabilidad penal colectiva de forma directa.

Ambos modelos revelan de inicio, y sin ninguna duda, la transformación del patrón de imputación colectiva imperante desde la promulgación del primero de los códigos penales a nivel nacional, el llamado “Martínez de Castro” de 1871, que, con ciertas variaciones e intentos reformistas, prevaleció hasta diciembre de 2014.

b. El Código Nacional de Procedimientos Penales (2014-2016).- El Código Nacional de Procedimientos Penales estableció, de inicio (2014), el supuesto de imputación de las personas jurídicas, es decir, reguló la hipótesis según la cual estos grupos pudieran llegar a ser sometidos a la acción penal, lo que supone, sin más, el reconocimiento sobre el ius puniendi en su contra.

El enunciado previsto en el a. 421 de este ordenamiento, en su momento integró un giro trascendental –y en última instancia, definitorio, según la reforma de este 2016-, así como los subsecuentes, regularon de forma expresa un procedimiento especial para las personas jurídicas. Las expectativas en torno al texto local (a. 27) al aludir a la existencia de un “procedimiento”, como elemento de preordenación para imponer alguna de las consecuencias jurídicas accesorias, podrían quedar subsanadas a partir de este nuevo marco, al menos desde el plano adjetivo, ya que independientemente del cambio en el modo de imputación, lo cierto es que la imposición de alguna de las sanciones contempladas para el supuesto, en principio no podría ser cuestionada a partir del mecanismo judicial que la precede.

De la misma manera, se establecía, de inicio, el ejercicio de la acción penal previa en contra de la persona física “que deba responder por el delito cometido.” Asimismo, el tema de la intervención del representante legal quedó reconocido en los a. 422 y 423. También se dispuso que en ningún caso, el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla. En los entonces a. 423 a 425 grosso modo se regulaba la tramitación del procedimiento, así como cuestiones relacionadas al debido proceso.

Esta serie de elementos buscaron establecer un marco especial –nuevo y único- en materia de justiciabilidad en relación con la imputación a los GRL. Ello implicó reconocer la necesidad de modificar el estatus vigente, y no sólo solventar la serie de lagunas que pudieran ya haberse reconocido en el orden jurídico hasta antes del 2014, sino, en realidad, contribuir a edificar un esquema dirigido a abolir el principio societas delinquere non potest.

La simple incorporación de este capítulo auguró, en conjunto con la serie de antecedentes referidos, el nuevo camino en la materia, y especialmente allanó el camino para la implantación del paradigma de imputación penal colectiva, de modo tal que no deja de ser paradójico que primeramente se hubiera establecido un procedimiento ad hoc, a partir del CNPP (marzo de 2014), y que posteriormente se generara la regulación estrictamente sustantiva en los CPCDMX (entonces Distrito Federal, diciembre de 2014) y CPF (junio de 2016). Para este efecto, nos ocuparemos del modelo que acogió el mismo CNPP, a partir de la reforma que entró en paralelo con el CPF.

 

II.- El nuevo procedimiento penal contra personas morales.

Más allá de la controversia que entraña el hecho de que esta ley procesal disponga un dispositivo de orden sustantivo –no hay duda que la hipótesis legal que admite la responsabilidad penal corporativa no implica una regla de procedimiento-, y por ende, sobre cómo se puede justificar que este cuerpo legal reconozca el tema, sin incurrir en una invasión a las atribuciones legislativas de las entidades federativas, lo cierto es que el Capítulo II, del Título X, que regula el Procedimiento Para Personas Jurídicas, establece precisamente los lineamientos y protocolos para imputar a un GRL, lo cual, desde luego, responde precisamente a la necesidad de haber introducido ese apartado en el CNPP.

 

1.- En otras palabras, como un primer tema a considerar, debemos decir que la introducción de un procedimiento especial para personas jurídicas responde a una necesidad, que es, justamente, disponer de las reglas concretas que ameritan ser acatadas tratándose de un imputado sui generis, como lo es un grupo reconocido por la ley, y no un sujeto de atribución “tradicional”, como lo es una persona física, a partir de la soberanía que tienen las entidades para legislar en materia penal.

Esto es, la necesidad de la que hablamos tiene un enfoque meramente preventivo en la medida en que se dispone este procedimiento si, y sólo si, es necesario imputar a una persona moral, de conformidad con el modelo que haya adoptado cada una de las entidades federativas –acogida o no del modelo de imputación penal colectivo-, en tanto que creemos que la única justificación que podría explicar la admisión del criterio de responsabilidad penal en el propio CNPP, respondería a una lógica de sistematización a partir de la introducción de este modelo a nivel federal, específicamente en el CPF.

De modo tal que a diferencia de la regulación previa (2014), en la que no se establecía per se un reconocimiento de Política Criminal encaminado a derogar en principio societas delinquere non potest, e incluso, resultaba ser maleable de tal forma, que pudiera llegar a ser aplicado en regímenes que admitieran o no la imputación penal colectiva de manera directa por cada una de las entidades federativas, tomando en cuenta la exigencia de generar un mecanismo de procedimiento que pudiera legitimar la imposición de una consecuencia accesoria, es decir, aún en el caso de que el código penal respectivo no reconociera este nuevo modelo, es claro que en la nueva regulación, se parte de la premisa –a mi juicio equivocada- de que el nuevo régimen sobre el tema, per se, queda acogido en el sistema jurídico mexicano, cuando en realidad cada estado federativo, tiene la atribución para legislar en materia penal sustantiva.

2.- Esta idea se enfatiza con el hecho de que los a. 421 y 425 disponen que la responsabilidad penal colectiva es independiente del que corresponde a la o las personas físicas involucradas, lo cual es congruente con el CPF y el CPCDMX. Esta reglamentación enfatiza y, con ello, evita dejar indicio de duda sobre la nueva instauración del paradigma de responsabilidad penal corporativa, en tanto que deja a un lado el criterio vigente en el anterior a. 421, que establecía que la acción penal en contra del GRL quedaba supeditado a la acción penal particular.

3.- En los a. 423 a 425 grosso modo se regula la tramitación del procedimiento, el cual se llevará a cabo siempre en presencia del representante de la persona jurídica, en presencia de su defensor; el aseguramiento de bienes, la posibilidad de imponer medidas cautelares, así como la factibilidad de la terminación anticipada del proceso, reconociendo la necesidad de que se ejecute en aquél, la notificación de los actos de procedimiento, y “ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona jurídica perjudiquen.” De la misma manera se dispone la exigencia de aplicar, en lo no previsto, las reglas del procedimiento ordinario que llegaren a ser compatibles (a. 425, segundo párrafo).

Esto resulta ser determinante, en tanto que ante la ausencia de una preordenación regulatoria en el CNPP que a priori llegara a reglamentar –o concebir, de inicio- la judicialización de casos en contra de los GRL –por ejemplo, queda en duda si la protección a los derechos humanos a que se refiere el a. 2 del mismo CNPP, más allá del tema controversial que pueda suscitar y del que nos hemos ocupado en anteriores trabajos[2], se refiere también a las personas morales-, se optó por establecer una cláusula abierta que, en aras de solventar cualquier cuestionamiento dirigido a poner en duda la vigencia del debido proceso en estos supuestos, permitiera incluir cada uno de aquellos supuestos que fueran aplicables al tema, de acuerdo con la naturaleza jurídica de estos grupos.

4.- Se dispone la vinculación a proceso de las personas jurídicas, así como el hecho de que eventualmente sean objeto de sentencia, en la que se impondrán las “sanciones” que correspondan. Esto no puede ser entendido de otra manera, en tanto que si se admite la imputación penal a GRL, es evidente que el pie de proceso –vinculación a proceso- y su culminación –el fallo, la sentencia y la imposición de sanciones-, son aspectos inherentes a esta nueva judicialización de imputados atípicos. Sobre este, acertadamente se disponen consideración ad hoc tratándose de los aspectos que ameritan ser considerados para establecer el grado de culpabilidad y la individualización de las sanciones, precisamente al tenor de la propia naturaleza jurídica de las corporaciones.

5.- Asimismo, son procedentes las formas de terminación anticipada –acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso-, al igual que la única forma de terminación anticipada que establece el CNPP, como lo es el procedimiento abreviado, aspectos que desde luego, nos resultan acertados, en tanto que ello es consecuencia de la garantía prevista en el a. 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las leyes regularan los mecanismos alternos de solución de controversias; pensamos que esto debe ser finalmente de este modo, en tanto que si es decisión de política criminal imputar a GRL, una de las tantas consecuencias de ello es ampliar el espectro en la materia en favor de estas agrupaciones.

6.- Dos últimos temas: el primero es el que tiene que ver con la existencia de un llamado numerus clausus en el a. 1 Bis del CPF, el cual responde únicamente a un determinado criterio de sistematización, en orden al tipo de delitos que podrían llegar a ejecutarse por los GRL, de manera tal que podría llegar a imputarse a la entidad, hasta en tanto la misma estuviese involucrada con la comisión de alguno de estos delitos; el CPCDMX, a manera de ejemplo, no lo dispone; la diferencia entre uno y otro puede llegar a resultar significativa, en la medida en que, si se trata del CPF no se podría imputar a una persona, aunque fuese la responsable directa del hecho, si el mismo no está en ese catálogo; y de la misma manera, se podría hacer lo propio al tenor del CPCDMX, en casos extremos, en tanto no está constreñida la imputación a cierta clase de delitos:

En este último sentido, llegaríamos al extremo de sancionar por ejemplo, a una persona jurídica, por el hecho de que un individuo que labore en una empresa, omita informar a la autoridad judicial, o lo haga de forma extemporánea, sobre los ingresos de quienes deban cumplir con las obligaciones de cubrir alimentos (a. 195 CPCDMX).

7.- En cuanto al panorama sancionatorio, el problema que se presenta nos parece, quizá, más complejo de traducir por lo siguiente: el CNPP establece un lista de sanciones (pecuniaria, decomiso, publicación de sentencia, disolución y las que expresamente establezcan las leyes penales); sin embargo, el CPF dispone una enumeración a este respecto, que no es convergente el ordenamiento previo, en tanto que solamente hay coincidencia con la disolución (a.27), al igual que en relación al CPCDMX.

Esto entraña un problema de orden técnico, ya que se puede cuestionar que se imponga una sanción en contra del GRL de las previstas en cualquiera de los ordenamientos sustantivos, cuando la misma no está prevista en el CNPP.

 

III.- Conclusiones

Esta serie de elementos nos llevan a pensar que a partir de la nueva reglamentación, lo que pretende el legislador es establecer un marco especial –nuevo y único- en materia de justiciabilidad en relación con la imputación a los GRL, lo cual implica reconocer la necesidad de modificar el estatus vigente, y no sólo solventar la serie de lagunas que pudieran ya haberse reconocido en el orden jurídico hasta antes del 2014, sino, en realidad, contribuir a edificar un esquema dirigido a abolir en definitiva el principio societas delinquere non potest. Lo que incluso, no podría ser entendido de diversa manera, si ya en el plano internacional existen compromisos específicos al respecto, suscritos por nuestro país, tales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo (a. 10); la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, (a. 26.1); y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (a. 2), y cuyas obligaciones concretas se establecen, respectivamente, en los diversos artículos 40, 63 y 12 de dichos instrumentos.

Por otra parte, una cuestión fundamental es dejar en claro que la imputación a GRL implica la necesidad de reconocer la exigencia de proteger y garantizar, de la forma más amplia, efectiva y posible, los derechos en materia de debido proceso de estas agrupaciones con ese carácter. Por ejemplo, la falta de formalidad en las notificaciones, la ausencia de su representante legal en cualquier acto de procedimiento, la defensa adecuada o la posibilidad de ofrecer cualquier clase de prueba, ya que de lo contrario, cualquier clase de determinación que afecte su esfera jurídica –no se diga la propia sanción que se llegare a imponer-, implicaría, sin lugar a dudas, una violación a su marco normativo, y por ende, recurrible por cualquier medio ordinario o extraordinario.

[1] Esta reforma involucró diversos artículos con el fin de generar un clima de sistematización en relación con el nuevo sistema de justicia penal, aplicable al fuero común de la ciudad capital, que en su primera etapa entró en operación –para delitos culposos y de querella- el pasado 16 de enero de 2015. El transitorio de esta reforma dispone que el Decreto “… entrará en vigor en los términos establecidos en la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal…”.

[2] MARTÍN BARBA, Paul. La responsabilidad penal de las personas morales. Un análisis a la luz de los Derechos Humanos, Revista Académica de la Facultad de Derecho, Universidad La Salle, México, No. 18, 163-189.