VICTORIA ARREOLA / Jueza Décimo Primera en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio del TSJCDMX

El Feminicidio es un delito de reciente creación (apenas publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, el 26 de julio del 2011); el cual tuvo su origen en la observación de los Tratados Internacionales que contemplan los Derechos Humanos y que el estado mexicano adoptó en la Constitución en su artículo 1º. Ello derivado de particulares recomendaciones relativas a la tipificación de este delito.

El concepto feminicidio se desarrolla a principios de la década de 1990 para evidenciar el origen sexista en numerosos asesinatos de mujeres.

Lo cierto es que la inclusión en nuestra legislación Penal se dio debido a que el gobierno mexicano está suscrito a la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), la cual condiciona la admisión y permanencia de sus miembros con el objeto de observar, principalmente, los Derechos Humanos; dentro de ellos el respeto a la igualdad de género. Siendo el género femenino el más rezagado en Derechos, ya que apenas el 3 de julio de 1955, por primera vez la mujer mexicana emite su voto; la Organización trata de generar condiciones generales de igualdad que den fundamento a la adopción de normas penales como el artículo 148-Bis del Código Penal, vigente para la Ciudad de México. Tipo penal que no fue fácilmente acogido por la comunidad jurídica desde la percepción de que este delito sólo pueda ser cometido por hombres, o bajo la interrogante de si la adopción de una norma jurídica “diferenciadora” está justificada por la realidad de los numerosos asesinatos de mujeres.

 

LA MUJER EN LA HISTORIA

Es indignante que se tenga que tipificar este tipo de delito con dedicatoria a la mujer, cuando ésta, hace 30,000 años, era considerada como Diosa, según las estatuillas regadas por toda Europa -como la venus de Willendorf-, pues la mujer de aquellos tiempos, regordeta y todo, era la más adorada y respetada por ser la dadora de vida, siendo que esta tradición se perdió con el devenir de los tiempos, con la invención e imposición de las religiones donde la Otrora Diosa, principalmente en la iglesia católica se le relega, quien sólo sirve de comparsa pues no puede oficiar el culto sólo reservado al sexo masculino; y a la mujer, pese a que es la más devota, y que siempre está presente en sus iglesias, se le comparó por mucho tiempo con María Magdalena, a quien en un tiempo se le consideró como “pecadora”, por el hecho de formar parte del séquito de Jesús en Palestina, en la época en la que era impensable que una mujer soltera viajara sola en compañía de un maestro religioso y su séquito, siendo los propios seguidores de Jesús quienes veían con malos ojos la relación estrecha que unía a María Magdalena con su maestro, Podemos advertir antecedentes de los elementos de misoginia (odio o aversión a las mujeres), al grado de que, en la Edad Media, a las casas destinadas a las prostitutas reformadas se les llamaba “Magdalenas”. No es sino hasta la actualidad que se le reivindicó, pues ahora se considera, por algunos autores, como un apóstol más de Jesucristo. Posteriormente, en el mundo occidental, con la constitución de la iglesia católica se agravó el estatus de la mujer, considerándola como poca cosa, donde el hombre se erigió con más derechos y se constituyó como el ser más importante de la creación, relegando a la mujer sólo a servir al hombre; ello se puede advertir de diversos pasajes bíblicos, en los que se señala que “el hombre es la cabeza de la mujer”, porque Adán fue formado primero, después Eva. Por ello, la autoridad espiritual recaía en el hombre, para que él funcionara como líder, tan es así que hoy en día se señala que el hombre es la cabeza del hogar y de la iglesia. Dios pudo crear primero a la mujer y después al hombre, pero no lo hizo, también pudo crear a la mujer y al hombre simultáneamente, pero tampoco ocurrió. La mujer fue creada como ayuda idónea para él, en otras palabras, la mujer fue creada para el hombre.

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ANTECEDENTES EN LA SOCIEDAD MEXICANA

Orígenes. En México siempre ha existido una sociedad que, desde el punto de vista social, cultural, psicológico y hasta económico, ha minimizado la figura femenina, quizás heredada por los conquistadores españoles, quienes, al no haber traído a sus esposas, tomaban a las indígenas sin ninguna responsabilidad. Posteriormente, constituido el mestizaje, los padres pertenecientes a nuestra sociedad, adoptan costumbres misóginas, que desvaloran la esencia de la mujer, pues las propias madres no permiten que los hombres hagan labores en la casa y mucho menos en la cocina, empero a las mujeres las concentran en ese lugar de la casa para efectuar “labores propias de su sexo”; además, no les era permitido estudiar porque esto era para la figura que se identifica como el proveedor de una familia, “el hombre”. La principal causa de ello es la mentalidad machista y patriarcal, donde la mujer tiene un rol social de ama de casa y madre, y la no aceptación de ese rol puede desencadenar una reacción violenta que puede desembocar en el asesinato.

Es por esto que el varón, consciente de su posición en su casa, repite ese patrón en su matrimonio, considerando a la mujer como inferior, ya que como no trabajaba o no se le permitía hacerlo, ella se debía conformar con recibir el gasto que tenía que distribuir para satisfacer las necesidades de la familia.

De esta forma, y por múltiples factores, el esposo, debido a la falta de oportunidades y de trabajo, arremete contra su mujer, a la cual considera de su propiedad, cometiendo los delitos más atroces, valiéndose de la confianza que le demuestra su cónyuge, a la cual podrá denigrar, cometiendo en su persona las más viles infamias, infringiéndole lesiones y mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.

Algunos ejemplos de la desproporción de oportunidades laborales para la mujer, más cercanos a nosotros, se dan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, la cual se integra por 11 Ministros, de los cuales sólo 2 son mujeres; en el Senado de la República existen 82 hombres y 46 mujeres; en la Cámara de Diputados, 287 hombres y 213 mujeres; la pregunta es, ¿por qué? No existe una representatividad de la mujer, pese a que en este país el 51.2% de la población está constituida por mujeres, es decir, existen 2.8% millones más de mujeres más hombres (según datos del INEGI 2014); y si las leyes van dirigidas a ambos géneros, entonces deberían tener, mínimo, igual número de representantes en aspectos tan trascendentes como la legislación y la justicia.

En un  principio se pensaba que la violencia contra las mujeres sólo estaba constituida por maltratos físicos o verbales que tenían lugar al interior de la familia o en pareja. Cuando la experiencia demuestra que la violencia contra la mujer también se expresa en crímenes graves como el homicidio, lesiones, violación, etc., entonces es claro que el Derecho Penal debe intervenir, y la tipificación del delito de feminicidio emerge de la respuesta insuficiente del Estado frente a la violencia contra la mujer, produciendo, así, la progresiva penalización de lo que inicialmente se consideraban sólo malos tratos.

 

INFLUENCIA INTERNACIONAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado prioritario establecer sistemas de protección de los derechos humanos de la mujer a nivel regional e internacional, para ello se promulgan instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En el marco normativo internacional encontramos los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene un núcleo ineludible de principios fundados en el respeto a la dignidad e igualdad de todo ser humano.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, el artículo 7 señala que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, establece una definición de discriminación que incluye la violencia dirigida contra la mujer por el sólo hecho de ser mujer.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, que es el instrumento internacional más ratificado por las partes, establece en su artículo 1, como violencia contra la mujer, “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento fí- sico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. El artículo 2 establece que la violencia física, sexual o psicológica, puede originarse en la familia, en la comunidad, dentro de las relaciones interpersonales, obligando dicho instrumento en su artículo 7 inciso d) a: “…adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad…”. Lo cual también propició, en favor de la mujer, las medidas de protección que se le otorgan después de cualquier afrenta o ataque en su integridad física o psicoemocional, a fin de prevenir que se le pueda seguir causando daño.

La redacción del delito de FEMINICIDIO no es muy afortunada, y se presta a confusión, pues, cuando se refiere a que comete el delito de Feminicidio quien, “por razones de género...”, se podría pensar que dicho vocablo se lo quiere apropiar el género femenino, ya que al hablar de género, se contempla una categoría social que permite analizar los roles asignados, aprendidos y asumidos por el varón y la mujer en las distintas esferas de la vida. Pero tal yerro se resuelve con la redacción del párrafo inicial del artículo 148-Bis del código sustantivo de la materia, al señalar “prive de la vida a una mujer”, donde se colige que, el mismo, sólo se puede cometer a personas del sexo femenino.

Antes de la inclusión del feminicidio nuestra legislación, al tipificar el homicidio, contemplaba ya en sus agravantes, cuestiones de género, como la agravante prevista en la fracción VIII del artículo 138 del Código Penal para la Ciudad de México, que señala: “…Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima…”.

También existe el homicidio en razón de parentesco o de relación, contemplado en el artí- culo 125 del Código Penal de la Ciudad de México, ambos considerados como tipos penales “neutros” por algunos tratadistas. En la obra Feminicidio, de la autora Patsilí Toledo Vásquez, señala:

“…la justificación de leyes penales específicas sobre ciertas formas de violencia contra las mujeres o leyes penales sexualizadas, también ha sido abordada desde otra perspectiva por el mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (MESECVI), en las recomendaciones de su Informe Hemisférico. En él se recomienda expresamente:

Eliminar toda norma de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En este sentido, es necesario que las normas referentes a la violencia doméstica sean específicas para prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infringidas contra las mujeres.

La justificación de esta recomendación se encuentra en el cuerpo del informe al señalar que las disposiciones genéricamente neutras suponen el riesgo de permitir su aplicación en contra de las mujeres, por lo que no cumplirían con el objetivo del Art. 7 c), de la Convención…”.1

Promulgado el artículo 148 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, se contempla el FEMINICIDIO; del cual, hasta el momento, no se ha hecho un estudio serio respecto de su efectividad y contención de los delitos que pueden finalizar en feminicidios perfectamente documentados.

El concepto FEMINICIDIO fue enriquecido por los hechos de escándalo que existían en Centro y Sudamérica por las guerrillas, el narcotráfico y los tratantes de mujeres.

No quiero decir que no existían esas condiciones en la República Mexicana, pues es conocido, por la comunidad mundial, el fenómeno de múltiples homicidios de mujeres acaecidos al norte del país, conocido como las “muertas de Juárez”, donde se asesinaron principalmente a trabajadoras de empresas de maquila de ropa, quienes al salir de sus trabajos eran levantadas por lugareños que, como casi no había trabajo para ellos, se dedicaban a cometer delitos contra la mujer, como robar y traficar con ellas hacia el país del norte.

Ante la desaparición de estas mujeres intervino la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien con una comisión empezó a investigar el fenómeno sociológico que se estaba dando. Es por esto que, aún cuando efectivamente existían situaciones en donde las víctimas aparecían con lesiones infamantes, degradantes e incluso, muchas de las veces, con mutilaciones, abandonadas sin vida en páramos y fosas comunes. Sin embargo, y pese a la algidez del caso, el Estado Mexicano no establecía tipos penales más severos que castigaran dichas conductas; motivo por el cual, en el caso de algunas desaparecidas y muertas con brutalidad inaudita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una recomendación al Estado Mexicano para que hiciera leyes que, de alguna manera, frenaran las injusticias que se llevaban a cabo contra la mujer, en especial la trabajadora. Esto dio lugar a que el Estado promulgara las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto local, como federal, y, la Ley General de Víctimas, que contienen medidas de protección, restitución, compensación, satisfacción y no repetición, para las personas pasivas de delitos de esta índole; y, posteriormente, legislar en materia Penal para establecer un tipo adecuado a los homicidios cometidos en contra de mujeres, señalando los supuestos en los que se debe entender que existen razones de género, entre los que se incluye la violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, amenazas, acoso o, bien, que el cuerpo de la víctima se deje expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, así como la incomunicación previa a su fallecimiento, que obedecen a una tendencia a vincularlos a los crímenes de odio originarios del derecho anglosajón.

En estas circunstancias el delito de Feminicidio se sanciona con pena de 20 a 50 años de prisión, igual que cuando se comete un homicidio calificado. Es decir que, el legislador señala una consecuencia (pena), exactamente igual a la contemplada para el caso en el que una mujer mate a su agresor, y sólo el nombre del delito es diferente, teniendo dedicatoria especial cuando se conoce a la víctima por existir, entre la víctima y victimario, especiales deberes de cuidado derivados de un vínculo civil, laboral, docente, etcétera, establecidas en el último párrafo del artículo 148 Bis de la ley sustantiva penal, en el sentido de “...Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en la fracciones anteriores, se impondrán de 30 a 60 años de prisión...”.

En fin, sólo el tiempo nos dirá la efectividad de su aplicación, o si dicho tipo requiere de un replanteamiento para beneficio de una sociedad en paz y tranquilidad a la que aspiramos los gobernados.

 

 

[DIRECTUM TSJCDMX Nov – Dic  2016]