ALFONSO GALVÁN ROBLES

 

La síntesis que realiza el Derecho entre libertad e imposición, es la que nos permite, a los habitantes, explorar los límites del desarrollo de nuestra personalidad. En qué medida el Estado facilita un desenvolvimiento del ser humano, es materia de una discusión seria y con profundas implicaciones prácticas, pues la esencia de la moral y su autonomía ante el Estado, es el centro del debate público sobre la legalización o no de la mariguana. Educar o prohibir, ¿qué es lo jurídicamente ordenado por nuestra Constitución? 

Entender la relación entre nosotros y el Estado mexicano al que pertenecemos, es una labor que requiere valorar distintos aspectos del tejido social; pareciera, sin embargo, que la lejanía teórica a veces se impone y que separa la vida política del acontecer diario, cuando en realidad, la identidad de cada uno de nosotros, asentada en la libertad, se sostiene gracias al imperio de la ley, imperio que regula dicha relación entre el Estado y sus habitantes, y por tanto, es la extensión del Estado de Derecho la que puede impulsar nuestras opciones al desenvolvernos, o la que puede cercenarnos la vida. 

La coordinación de la libertad, o más en concreto, de las libertades de los millones de habitantes de este país, es la misión esencial de nuestro Estado de Derecho. Esa óptica no es nueva, pues fue ya pregonada en el siglo XX desde el otro lado del Atlántico, por el maestro Giorgio del Vecchio, en su libro de Filosofía del Derecho. Según el iusfilósofo, el Derecho “es la coordinación de la libertad bajo forma imperativa”, y nos parece una frase que sintetiza el fin noble que tiene el Derecho como manifestación de nuestra cultura. 

Si abundamos sobre las palabras del maestro de la Universidad de Roma, podemos notar que, así como el libertinaje del individuo no puede sobreponerse a la sociedad, así también, el imperio de la ley no debe nunca trastocarse: es nuestro desarrollo y búsqueda de sentido lo que el Derecho, garante preciado de la civilización, debe salvaguardar. El Estado de Derecho coordina seres humanos libres, para parafrasear a Del Vecchio. 

¿Hemos sabido articular de esa forma al Derecho? ¿Nos entendernos como personas coordinadas en nuestras esferas de libertades? Diversos enfoques pueden ayudarnos a contestar dichas interrogantes; empero, nosotros proponemos, para contestar estas dos preguntas, el estudio de un caso: ¿cómo se ha dado la discusión en nuestro país, respecto de la legalización del consumo de la mariguana? 

Las diversas mesas de debates organizadas por el gobierno de la República, han sido prolijas al verter información médica y estadística, en particular en las jornadas de “Salud Pública y Prevención”; todas han enriquecido la discusión al proveernos de datos ciertos sobre la incidencia de las drogas en las vidas de los consumidores, y en todas, como en la mesa realizada en el Salón X-Caret el 29 de enero de 2016, se ha insistido en que la sociedad forme un criterio con base en evidencias y no intuiciones. Ahora que las jornadas se han realizado en torno a la Ética y al Derecho, y que ya han sesionado mesas respecto de ello (como la reunida en Ciudad Juárez el 1 de marzo de 2016), podemos, con mayor razón, retomar la moral y su autonomía ante el Estado gobierno. 

Apologetas de la potestad estatal para controlar el consumo de sustancias, usualmente refieren que el Estado-gobierno es el garante del orden público, y que el buscar evitar las adicciones, con toda la destrucción innegable que llevan a las vidas, es parte del orden público, al ser parte elemental de una política de salud nacional. 

Aquí debemos tomar un momento para aclarar la noción de orden público: el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra nos dice que las normas de orden público son límites al principio de autonomía de la voluntad, y que dicho orden público es único, pero variable conforme la sociedad, y sus necesidades cambian. El orden público es entonces una razón de Estado para encauzar los límites del desarrollo humano, de las manifestaciones del actuar del hombre, y es una razón sustentada en el interés de la colectividad. 

[…] 

No puede negarse la realidad que entraña esa última frase: el consumo de las sustancias adictivas puede generar un grave daño a la persona. Empero, volvamos un momento a la noción del Derecho como la coordinación de la libertad bajo forma imperativa. El maestro Del Vecchio, para justificarla, abrevó de obras tales como el Leviatán de Hobbes, y sin suscribir la tesis de un Estado-gobierno como “mal necesario”, sí nos permitimos afirmar que existe en toda sociedad la necesidad constante de oponerle al Estado-gobierno las libertades que los habitantes consideramos indispensables para el desenvolvimiento de nuestras vidas. Por supuesto, el discernir cuáles son las libertades indispensables para formarnos como seres humanos, es un trabajo de profunda reflexión y análisis caso por caso, pero para los objetivos de nuestra discusión, cabría recordar el preámbulo de nuestra Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, producto de la actividad de la IX Conferencia Internacional Americana: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros”. 

Dicho preámbulo establece el criterio hermenéutico para leer el artículo primero de la referida declaración: “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Es decir: esos derechos a la vida, la libertad y seguridad, son inherentes a nuestro nacimiento como seres humanos y se tienen ante el Estado-gobierno, porque son inseparables de nuestra dignidad. 

De aquí que podamos comprender que aquello que incorporamos, o no, a nuestra vida sea por aprendizaje, sea por nuestras emociones, o sea por nuestro consumo; es una libertad indispensable que toca las fibras íntimas de nuestra esencia humana como seres en constante búsqueda de sentido, satisfactores y plenitud. Hasta qué punto agrede a nuestro libre desarrollo de la personalidad una prohibición que nos impida esta búsqueda de la que hablamos, es algo que expresó de forma diáfana Fichte:  

 

“Lo que ellos saben, ¿de dónde lo pueden saber si no es por su propia reflexión? ¿Y por qué no habría yo de poder llegar a las mismas verdades por el empleo de la misma reflexión, puesto que soy de la mismanaturaleza de ellos? ¡Ah! ¡Cómo me he despreciado y rebajado hasta este momento! No quiero que esto dure más tiempo. Desde este instante recobro mis derechos y entro en posesión de mi propia dignidadperdida. Renuncio a todo lo que me sea extraño. Quiero investigar por mí mismo.” 

Afirmamos que el deber de proteger esa dignidad humana fue lo que sustentó el sentido de la sentencia otorgada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 237/2014, al indicar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene preeminencia sobre los riesgos que una sustancia adictiva pueda acarrear, y debe imponerse aún sobre el criterio “orientador” del legislador autor de la Ley General de Salud, con lo cual se otorgó el amparo a los quejosos para que la Secretaría de Salud les otorgara la autorización para la realización de actos relacionados con el consumo personal de mariguana con fines recreativos. 

No puede, entonces, acotarse el debate a los meros efectos nocivos; cada conducta humana puede potencialmente traer consecuencias no deseadas. Cuando el portal de gobierno donde se nos da la bienvenida al debate nacional sobre la legalización de la mariguana, nos muestra la pregunta: “¿Crees que existe un vínculo entre el consumo de mariguana y el delito?”, pareciera que nos invita a tomar postura de una forma maniquea. 

Otorguemos sin más una respuesta afirmativa, ¿se sigue entonces que el Estado-gobierno tiene una razón para prohibir el consumo de la mariguana? Por supuesto que no, a menos que concedamos que el Estado-gobierno tiene la razón también de prohibir el alcohol, los solventes o la venta de cuchillos de cocina. No puede ser así de simple la solución que nuestros representantes políticos pretendan encontrar. 

Veámoslo desde otro ángulo; el doctor en Derecho Akhil Ahmar, en su libro For the Rights, nos explica que el presupuesto de cualquier Estado que refiera que el pueblo es el soberano (como por supuesto lo señala nuestro artículo 39 constitucional), es que se debe favorecer en todo momento la toma de decisiones políticas validadas por la mayoría de la población, en lo que él llama “a collective self-rule”, un “autogobierno colectivo”, y ninguna interpretación que sea ajena a lo que esta colectividad pretendió al elegir a los miembros de los poderes constituidos, podrá ser legítima. Mirado el asunto de esta forma, pareciera curioso que el Estado-gobierno haya empezado por prohibir determinadas sustancias, y sólo después iniciado el debate sobre ellas para conocer el deseo de la colectividad. 

Por su parte, el recién fallecido ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Antonin Scalia, reconocido constitucionalista, abogó siempre por el método interpretativo llamado “originalismo”. En breves términos, el “originalismo” sostiene que la Constitución, fundamento de todo Estado de Derecho contemporáneo, debe ser interpretada bajo los términos que el constituyente le imprimió, según una “persona razonable” hubiera entendido que era el sentido ordinario del texto; ni más, ni menos. 

En el caso mexicano, con nuestra Constitución reformada cientos de veces desde 1917, la figura de un único contexto para el constituyente parece ceder ante, más bien, una diversidad de sustratos y distintas épocas; aún así, podemos leer nuestra Constitución de principio a fin, y preguntar de buena fe a cualquier habitante de nuestro país, si en alguna parte de ella considera que se forman órganos constituidos en el gobierno federal con la legitimidad para regular las sustancias que uno consume; si, en algún momento, los constituyentes pretendieron incorporar esa esfera privada al debate público. Nosotros sostenemos que no, que de una lectura sistémica de la Constitución, no aparece esa voluntad del constituyente. 

Al no existir esa límpida manifestación de voluntad del constituyente para que el gobierno federal prohíba lo que podemos consumir, algunas lecturas del artículo 124 de nuestra Constitución (“las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”) podrían sugerir que entonces toca a las entidades federativas, el legislar y regular sobre el consumo de las sustancias adictivas; consideramos esa interpretación más coherente y además cercana al interés y sentir social de cada comunidad. 

Por el contrario, es ostensible que la voluntad del constituyente sí ha sido el formar de manera recta a los habitantes; por ello, tenemos un artículo 3° constitucional, que protege la educación que se imparte en nuestra nación; esa es la trinchera desde la cual nuestros gobernantes deben atajar el problema de las adicciones, no sólo a la mariguana, sino a cualquier tipo de sustancia o situación. 

Coordinarnos, en vez de descalificarnos. Tal es el reto al que gobernantes y pueblo nos enfrentamos, porque como en el caso concreto vimos, todavía no podemos articular de esta manera a nuestro Estado de Derecho. Porque muchos no quieren formar, no quieren convencer por la elocuencia de la razón y realizar consensos prudentes; parecen no entender que, en la búsqueda de nuestro desarrollo, la educación es la que nos permite alejarnos de las conductas autodestructivas. No, lo que ellos saben basta, y nos dejan a nosotros con una condescendiente prohibición.

[DIRECTUM TSJCDMX Jul – Agt 2016]

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